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Sellos para combatir la obesidad: cómo identifican en Chile la comida chatarra


Una tienda en Santiago vende productos con los sellos negros que advierten de altos contenidos calóricos, de sal, de azúcar o de grasas. crédito Víctor Ruiz Caballero for The New York Times

Se deshicieron del Tigre Tony. Desaparecieron a Chester Cheetos. Prohibieron los Kinder Sorpresa, aquellos huevitos de chocolate que incluyen un juguete.

Ante tasas de obesidad que se han disparado, el gobierno chileno ha librado una guerra contra la comida chatarra y poco saludable con una serie de restricciones en la publicidad, rediseños obligatorios de los empaques y reglas sobre los etiquetados que buscan transformar los hábitos alimentarios de los 18 millones de habitantes del país sudamericano.

Los expertos en nutrición mundial dicen que las medidas son el intento más ambicioso de cambiar la cultura alimentaria de un país y podrían convertirse en un modelo para darle un giro a la tendencia de una epidemia de obesidad global que, según estimados de investigadores, ha contribuido a cuatro millones de muertes prematuras al año.

“Es difícil exagerar lo significativas que son las acciones de Chile, o lo difícil que ha sido llegar a este punto al enfrentarse a las presiones típicas”, dijo Stephen Simpson, director del Centro Charles Perkins, organización académica enfocada en temas de nutrición, ciencia y políticas públicas sobre obesidad. Las industrias multimillonarias de alimentos y refrescos han ejercido esas presiones con éxito en otros países para frenar las regulaciones de este tipo.

Cajas de cereales con y sin los personajes animados

Desde que comenzaron a implementarse las reglas en la materia, que entraron en vigor en 2016, gigantes como Kellogg han tenido que deshacerse de los personajes animados de sus cajas de cereales azucarados; también se han dejado de vender dulces como el Kinder Sorpresa que buscan atraer a los consumidores más jóvenes con baratijas y regalitos. La ley también prohíbe la venta de muchos tipos de comida chatarra como helado, chocolates y papas fritas en las escuelas chilenas y veta que esos productos sean publicitados durante programas televisivos o en sitios web dirigidos a públicos infantiles.

Además, a partir del próximo año, esos anuncios ya ni siquiera podrán aparecer en televisión, en la radio o en salas de cine entre las seis de la mañana y las diez de la noche. Asimismo, en un esfuerzo por fomentar la leche materna, esta primavera entrará en vigor una prohibición a la mercadotecnia vinculada a la leche de fórmula.

¿Y si aún se te antoja una Coca-Cola? En Chile, las bebidas con alto contenido azucarado ahora tendrán un impuesto de 18 por ciento, una de las tasas de ese tipo más altas del mundo.

La parte central de la iniciativa es un nuevo sistema para etiquetas que requiere que las empresas de productos empaquetados y envasados pongan sellos de advertencia de color negro si estos tienen alto contenido calórico o de grasas saturadas, azúcares o sales.

La industria alimentaria dice que las nuevas reglas se extralimitan. Felipe Lara, director de Chilealimentos, asociación industrial, dijo que las etiquetas nutricionales son confusas e “invasivas” y que las restricciones en la publicidad están basadas en una correlación que considera fue hecha con falencias científicas entre la promoción de comidas poco saludables y un aumento de peso. “Creemos que la mejor manera de atender el problema de la obesidad es por medio de una educación de los consumidores para que cambien los hábitos alimenticios”, dijo en una declaración enviada por correo.

Se estima que tres cuartos de la población chilena tiene sobrepeso u obesidad. Credit Víctor Ruiz Caballero para The New York Times

PepsiCo, que fabrica los Cheetos, y Kellogg, que hace productos como las Zucaritas, han acudido ante los tribunales con el argumento de que las regulaciones contravienen temas de propiedad intelectual. Ese caso está pendiente.

María José Echeverría, portavoz de PepsiCo, dijo que la empresa ha cumplido con la ley al pie de la letra y no tiene interés en revertirla, pero que quiere proteger su capacidad de utilizar una marca registrada localmente.

Los costos médicos de la obesidad suman el 2,4 por ciento de todos los gastos en cuidado de salud en Chile. Para 2030, la cifra podría aumentar al cuatro por ciento. Credit Víctor Ruiz Caballero para The New York Times

Las tasas de obesidad van al alza y con ello han forzado a gobiernos de todo el mundo a confrontarse con una de las mayores amenazas a la salud pública que se han visto en generaciones.

Hasta finales de los años ochenta, la malnutrición era común entre los chilenos de escasos recursos, particularmente en los niños. Hoy en día, tres cuartos de la población chilena tiene sobrepeso u obesidad, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud del país. Los funcionarios han prendido las alarmas particularmente por la tasa de obesidad infantil, que está entre las más altas del mundo: la mitad de los niños chilenos de 6 años tiene sobrepeso u obesidad.

En el 2016, los costos médicos derivados de la obesidad alcanzaron los 800 millones de dólares, un 2,4 por ciento de todo el gasto en salud pública, una cifra que los expertos estiman rondará el 4 por ciento de ese rubro en 2030.

Esas estadísticas fomentaron que una coalición de funcionarios electos, científicos y activistas en materia de salud pública sobrellevara una dura oposición de la industria alimentaria y a los aliados de esta en el gobierno.

“Fue un combate de guerrilla difícil de ganar”, dijo el senador Guido Girardi, vicepresidente del senado chileno, presidente de la Comisión de Salud en esa cámara y un doctor que propuso originalmente las medidas de etiquetado en 2007. “La gente tiene el derecho a saber que estas empresas de alimentos están sacando esta basura y, con esta legislación, creo que Chile ha hecho una contribución inmensa a la humanidad”.

‘El veneno de nuestros tiempos’ Desde India, pasando por Colombia y por Estados Unidos, los países ricos y pobres han batallado para combatir el aumento en la obesidad y se han topado con una resistencia feroz de las empresas alimentarias que quieren proteger sus ganancias.

En Chile, los intereses corporativos retrasaron la aprobación de la ley por casi una década. En dos ocasiones hubo tantos cabilderos apostados durante las audiencias en las que se discutieron las medidas que el presidente del senado tuvo que suspender la sesión y pedir que despejaran la sala.

El senador Guido Girardi en 2015 Credit Juan Eduardo Lopez/GDA, vía Associated Press

Sin embargo, la industria alimentaria pocas veces se enfrenta a opositores como el senador Girardi. Un cirujano de 56 años con algunos ademanes melodramáticos, es una figura clave de la coalición gobernante de la aún presidenta Michelle Bachelet. Durante la lucha para aprobar la Ley de Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad —también conocida como Ley Super8 o Ley de Etiquetado—, el senador Girardi atacó públicamente a las empresas alimentarias como “pedófilos del siglo XXI” y, antes de que Bachelet asumiera de nuevo la presidencia, pasó semanas manifestándose afuera de La Moneda con carteles que acusaban a su predecesor (y ahora sucesor) en el cargo, Sebastián Piñera, de destruir la salud de la nación por vetar versiones anteriores de la ley.

“El azúcar mata a más personas que el terrorismo y los accidentes automovilísticos juntos”, dijo Girardi en una entrevista mientras sacudía con su mano una caja de cereal Trix. “Es el veneno de nuestros tiempos”.

Otros factores volvieron también posible la aprobación de la ley, incluido un congreso determinado a atender los costos económicos resultantes de la obesidad y el respaldo de Bachelet, quien es pediatra de formación.

Al final, la presión de la industria logró aligerar algunas medidas de la propuesta original, como las restricciones sobre publicidad y una prohibición total a la venta de comida chatarra cerca de escuelas.